El 21 de octubre de 2009 fue publicada en Gaceta Oficial la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar, instrumento que derogó a la Ley homónima de 1978.
Mas allá de la crispación política, considero que dicho instrumento representa un retroceso y se erige como una muestra del militarismo imperante y del abuso de un Gobierno que controla a todas las instancias y que solo recuerda a la Constitución cuando necesita un panfleto político de inestimable legitimidad.
En efecto, producto de las guerras mundiales y de los conflictos de la guerra fría, muchos países han entendido que era necesario trabajar en la modernización de conceptos como soberanía, fronteras, límites, países, etc y que poniendo en común los negocios y creando espacios comerciales y normativos multinacionales se lograban mejores resultados; mas mercado, mas negocio, mas prosperidad.. menos tiempo para pelear.
Asimismo, la identificación de nuevos enemigos como el terrorismo y el narcotráfico enseñaron que la práctica medieval de "reclutar reemplazos" no ofrecía las garantías requeridas y que era necesario convertir el servicio a la patria en la profesión militar; por lo tanto han optado por profesionalizar sus Fuerzas Armadas, obteniendo excelentes resultados.
Por otro lado, la profundización de los derechos humanos, la búsqueda de la paz mundial y de sociedades mas justas han colocado en el centro del debate a los movimientos de "objetores de conciencia", es decir, de aquellos ciudadanos que por imperativo moral no quieren tomar un arma y mucho menos dañar la prójimo; de igual forma y por los mismo motivos, se han fortalecido los mecanismos de diálogo y negociación mundial y los medios de solución pacífica de los conflictos.
Nuestra Constitución de 1999 no escapó a estas realidades y consagró junto a la obligación de contribuir con las necesidades de la República, la posibilidad de cumplir el servicio requerido tanto a través del servicio militar como a través del servicio civil, reconociendo la existencia de los colectivos de "objetores de conciencia", garantizándoles una protección constitucional a su posición.
Sin embargo, la Ley in comento no ha hecho otra cosa que ponerse de espaldas al derecho y a la historia, volviéndonos a tiempos superados, desconociendo el derecho de servir civilmente a la República e ignorando a los objetores de conciencia cuando pretende, por medios coactivos, que todos los venezolanos se registren ante las autoridades militares pertinentes.
De igual forma, resulta cruel, inhumano y violatorio de derechos humanos fundamentales el hecho de someter a los ciudadanos a un requisito tan chocante para poder graduarse (derecho a la educación), conducir un vehículo (derecho al libre tránsito) y mas grave para poder ganarse la vida a través del trabajo (derecho al trabajo).
Quien aquí escribe es militar en situación de retiro, es decir, es un ciudadano que quiso vonluntaria y libérrimamente vivir en paz, preparándose para la guerra -Si vis pacem, para bellum-, pero no quiere que le limiten la vida a su menor hija si es que decide que el camino de la guerra es equivocado y que el camino de la paz, el diálogo y el entendimiento el correcto.
Lo importante es dejar claro que no podemos seguir viviendo en un país en donde se legisla de acuerdo a los impulsos hepáticos del "líder" y en donde la Constitución ha devenido en un mero adorno del discurso oficial.
Ahora bien, hoy circularon miles de email´s, "pines", noticias etc, en donde se advertía que el incumplimiento en el registro militar, acarrearía serias multas.
Nada mas lejano de la realidad. Dicha Ley si consagra una multa para quienes obvien la inscripción, pero silencia a la hora de prever penas o multas para los empleadores privados que no manipulen armas en el desempeño propio de su servicio.
Por lo tanto, quienes no se han inscrito, aconsejo que lo hagan; sobre todo cuando pensamos en el "talante democrático" del Gobierno.
