Desde ayer hemos revivido los aciagos momentos de 1999 y la terrible "Tragedia de Vargas" y como si de un horrendo Déjà vu se tratara observo que nos encontramos en el mismo sitio y actuamos de la misma forma o quizás, ahora estamos peor que antes.
Sin embargo hoy quiero referirme a los tremendos contrasentidos que encuentro, desde el punto de vista del derecho del trabajo, en la respuesta gubernamental y empresarial ante la situación de emergencia que vivimos los venezolanos desde ayer.
En primer lugar considero importante recordar que en 2005 se reformó la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo como parte de un esfuerzo para adecuar nuestras normas de prevención de riesgos laborales a lineamientos internacionales ampliamente debatidos en la OIT y otros foros multinacionales y que responden al desarrollo vertiginoso que han tenido los derechos humanos desde mediados del siglo XX.
Dicha Ley prevé los factores de riesgo meteorológicos como factores de riesgo en el trabajo, asimismo prevé que los accidentes de trabajo no sólo pueden suceder en el sitio de trabajo, también se contemplan los accidentes sufridos por los laborantes en los trayectos desde y hacia el lugar en donde debe ejecutarse la faena laboral prevista.
Hechas estas precisiones, procedo a observar lo siguiente. Ante las intensas lluvias el Gobierno nacional (que ha tenido once años para prepararse y una larga sequía en el primer semestre del año) declara la emergencia nacional en por lo menos diez estados y decide suspender las clases, pero no suspende la actividad laboral, exponiendo a los trabajadores a sufrir accidentes en los trayectos desde y hacia sus sitios de trabajo.
No suspender las actividades laborales y si suspender las actividades escolares me hace pensar en lo siguiente: ¿Qué sucede con las miles de madres trabajadoras que no tienen con quien dejar a sus hijos y que deben (no es opcional) enviarlos a la escuela desde que son lactantes?
Las respuestas pueden ser terribles. Los maternales, los hogares de cuidado (o como quiera que se llamen ahora) y los colegios son espacios que de alguna forma están acondicionados para brindar protección a los infantes, situación que no ocurre en las oficinas y en los sitios de trabajo; es decir, mientras subsistan ambas situaciones (la suspensión de clases y la nos suspensión de labores) exponemos a los padres - trabajadores a encomendarse a Dios, salir al trabajo bajo condiciones atmosféricas adversas con el peligro que esto apareja y exponerse, no solo ellos, sino exponer a sus menores hijos; lo que además genera un enorme riesgo para los empresarios que deberán contemplar los accidentes que ocurran como accidentes de trabajo por efecto de riesgos meteorológicos y que pueden extenderse a los hijos del trabajador por quien el patrono también deberá responder.
¿Existe solución al problema? En mi criterio sí. En un país serio la principal central obrera ya habría convocado a la principal central empresarial y al Gobierno y en un acuerdo tripartito y como producto de la concertación social, seguro hubiesen llegado al consenso de suspender todos los trabajos no esenciales para la conducción y resolución de la emergencia y obtendrían con esto menos gente en las calles, vías mas despejadas para ser utilizadas por las agencias de Protección Civil y administración de desastres y menos trabajadores expuestos a riesgos climáticos.
Pero Venezuela no es un país serio..... Es un mero paisaje!!!
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